Libertad de expresión sin espacio

Una elegante costumbre costarricense es defender la libertad de expresión y reclamar por su irrespeto en otros países. Las protestas contra las limitaciones a periodistas  u otros en Cuba (el ejemplo clásico, el blanco fácil) abundan en nuestros principales periódicos, siempre llenos de cartas en la misma dirección. Que no se debe limitar la expresión de opiniones distintas, que todos los ciudadanos deben tener la oportunidad de hablar libremente, etc. Pero ese es precisamente mi punto: que todos nuestros periódicos publican lo mismo, casi sin excepción.

La libertad de expresión de la opinión es un componente fundamental, al menos en la teoría, de nuestros estados “democráticos liberales”. La libertad de la opinión pública debería permitir que la democracia funcione como la representación de los intereses del pueblo, como una especie de control o fiscalización de las labores de los gobernantes elegidos en las urnas. Sin embargo, en Costa Rica, poco hemos discutido si tenemos espacios con la variedad y la calidad suficientes para canalizar esta pluralidad de opiniones que surgen en cualquier sociedad.

Para teóricos como Owen Fiss, el debate público se limita a ciertas redes informativas, y el mercado no permite que las opiniones de todos sean transmitidas ni escuchadas. En Costa Rica, esta limitación se ha hecho más grave con el paso del tiempo, pues no se han desarrollado las regulaciones necesarias (ni las más básicas), y peor aún, el tema ni siquiera es de debate público. Realmente, una simple revisión del dial o de la oferta televisiva

La celebración de la falsa libertad de elegir el 15 de setiembre pasado

y de prensa demuestra que los espacios que los costarricenses tenemos para ejercer este derecho tan preciado son más bien limitados: los medios se han agrupado en conglomerados, como sucede en el resto del mundo, que absorben decenas de frecuencias que repiten los mismos contenidos. Se ve constreñido así un debate público que es el mecanismo de regulación de los sistemas políticos, que los mantiene en balance al obligarlos a responder en público por sus acciones y a escuchar sobre los intereses de sus habitantes.

Las iniciativas que han aparecido ocasionalmente, como por accidente y con vergüenza (redes comunales de T.V. y radio, televisión nacional de calidad, entre otras) han sido sofocadas, en forma directa, por todos los gobiernos desde los años setenta. Por eso Canal 13 nadie lo ve. Por eso la radio comunitaria es un trabajo de amor. El interés por abrir espacios a toda la población, por procurar que las opiniones de todos compitan en el libre mercado de las ideas, en el cual ganaría la más próxima a la verdad, como consideraba Stuart Mill, ha sido limitado, un poco por la ignorancia sobre el tema, y mucho por voluntad política clara.

¿Qué hacer entonces? Primero, es necesario desarrollar una legislación robusta y que abarque la variedad de problemáticas relacionadas con esta red de silencio. Es decir, y para decirlo como se debe: limitar la posesión y la expansión de los conglomerados mediáticos. Esto no como una afrenta a la libertad de empresa, ni la libertad de propiedad, ni mucho menos la de expresión, sino como un mecanismo que asegure que la información no se acumule en una sola caja que repita contenidos a través de diferentes canales. Pero de nada serviría limitar y regular si el ciudadano promedio no conoce que tiene opciones, que puede elegir que hay otras informaciones, inclusive las suyas propias, que no están en televisión ni en radio, que “no existen” oficialmente. Es necesario desarrollar por tanto programas de educación mediática, para que los y las costarricenses sepamos elegir, queramos y podamos leernos, vernos y oírnos desde diferentes puntos de vista. Claro está: o no hay la voluntad política de hacer esto, o simplemente es un no-tema.

Así las cosas, debe ser responsabilidad de todos los y las costarricenses luchar por la creación de verdaderos medios de interés social, de espacios comunales de comunicación, de plataformas de discusión nacional . Es una cuestión de cultura y de educación. Es una barrera que nos impide alcanzar la democracia real que defendemos en el discurso pero que no hemos comprendido en la práctica. La libertad de expresión requiere de un debate esencial, que entre nosotros se pierde enterrado entre las diez tomas iguales, de diferentes canales, del mismo, al rato intrascendente, accidente de tránsito.

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