El mito de la invasión

Se ha fortalecido en los meses pasados un mito de larga data en la historia costarricense: el de la invasión de anticostarricenses. Se ha naturalizado a tal grado este miedo, a veces casi patológico, que solo el hecho de cuestionar decisiones de gobierno o rescatar lo positivo de estos “monstruos invasores” se califica de acto antipatriótico, de atentar contra el progreso (en el mejor estilo siglo XIX). En cierto modo, estos reclamos de antipatriotismo se parecen más a las argucias del ala ultraconservadora estadounidense (Tea Party), que a la “idiosincrasia tica” que se supone se está defendiendo.

El ejemplo más reciente es que se está consolidando la criminalización de la protesta social. Se desvirtúa cada vez más el valor de la protesta, del reclamo por los derechos, y se ha convertido en el discurso en “inmadurez”, o en el peor de los casos, en un “atentado” contra Costa Rica. Las teorías conspirativas alrededor de la protesta fortalecen esta visión, como en el sencillo hecho de no ver lo sucedido en la Universidad de Costa Rica el 12 de abril y lo que ocurrió en el Liceo José Joaquín Vargas Calvo como hechos aislados (como muestra leer la sección de comentarios), sino en insistir en reinterpretar ambos hechos como evidencias de la rebelión que se gesta en nuestra pacífica patria. Si los eventos que menciono tienen o no justificación ya se ha discutido en otras instancias y no es lo que los trae acá como ejemplos, sino la ola de rechazo y de pánico que los convirtieron en esas muestras de la “enseñanza de los revolucionarios” y pruebas irrefutables de que hay que deshacerse de todos. Un tema paralelo es, por supuesto, la criminalización también de la pobreza, un tema aparte que bien cabe traer a colación. Hay que recordar un desalojo salvaje que se dio hace unos días en un precario, que resultó con una mujer embarazada golpeada por oficiales. Éstos se estaban llevando material de construcción sin instrucciones ni derecho a hacerlo.

El punto es, de nuevo, que todo el que se atreva a protestar o siquiera cuestionar la labor del gobierno se expone a ser tachado de revolucionario, y cuando acá se ponga de moda la palabra, sin duda terrorista. No en vano don Jacques Sagot acusa a las universidades públicas de ser centros de adoctrinamiento (aunque reconozco que tiene razón en un punto: lo desafortunado y contraproducente de la frase “la dictadura de los Arias”, pero por otras razones). Después del 12 de abril, cualquier cosa que se proteste desde una universidad pública será amotinamiento, revolución, violencia, etc., según sea el caso. Y de este modo también don Jaime Gutiérrez Góngora, con su lucidez característica, llama a cada rato y desde hace tiempo (ejemplo al azar) a la creación de fuerzas militares en Costa Rica (!), a la criminalización de los protestantes de toda clase. Si fuera solo él, no habría problema, pero el apoyo que esta clase de ideas en estos días tiene es enorme. En cuenta, se acusa a movimientos ecologistas de impedir el desarrollo, esa terrible palabra fetiche, y se le une al tema político para desligitimar la protesta por el medio ambiente ante los ojos del tico, el cual se mantiene apolítico a pesar de la urgencia de su participación activa. Las fallidas relaciones públicas de Crucitas lo demuestran: “Nosotros tampoco queremos empresas que contaminen nuestros ríos… ni movimientos revolucionarios que contaminen nuestra idiosincrasia”.

Por mientras, la izquierda pierde su cohesión, su rigurosidad, su fuerza, y con ellas la capacidad de argumentar contra el notable avance del conservadurismo en lo político y en la imaginación colectiva que sueña con una Costa Rica de antaño que nunca existió si no como promesa. Promesa de madurez política y democráctica, de paz, de ambiente sano, de la tierra de la feliz clase media de la cual nos alejamos día tras día. Lo hacemos al impedir el debate de ideas, el intercambio de argumentos coherentes y al negar la pluralidad inherente a nuestra sociedad.

FEES, Crucitas, televisión digital. Se protesta o se cuestionan estos temas y uno es automáticamente uno de los invasores, aunque tenga una posición moderada. El mito de esta invasión, de los que vienen de afuera a dañarnos, ojalá chavistas o revolucionarios, se impone y acalla las voces de la diferencia. La verdadera invasión, si hay una del todo, es la de la gente que preferiría que se aprobaran proyectos de ley sin discusión, que no hubiera universidades públicas (de por sí, no le sirven al mercado: duran mucho graduando gente y encima, lo cuestionan), que no se abrieran espacios de discusión, que los pobres desaparezcan, que todos los jóvenes puedan trabajar en call centers de por vida. Está más que claro que la izquierda tica ha cometido errores garrafales, ha sufrido de una desorientación crónica en algunas facciones, y en ocasiones no ha elegido los mejores medios de protesta. Pero eso no justifica su calificativo de invasores ni la pretensión de que quieran destruir lo tico. No es así. Hay una izquierda sana, todavía quedamos quienes creemos en la democracia, en la justicia social, en el fin de la desigualdad, en el respeto a los derechos y al ambiente; también una derecha sana, moderada, que confía en Costa Rica. Hay una posibilidad de vivir en una democracia del debate y el intercambio libre de opiniones, una que no estamos aprovechando en lo más mínimo.

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